El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y el Cepam aseguraron que la muerte de Monika Silva fue violenta, tras revisar la autopsia y descartar la hipótesis de suicidio. Las organizaciones, que representan a la familia de la activista, cuestionaron las primeras declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, y pidieron una investigación exhaustiva para aclarar lo ocurrido.
Lita Martínez afirmó que el caso no debe cerrarse bajo una sola figura penal mientras continúan las diligencias. Además, subrayó que Silva enfrentaba una situación de doble vulnerabilidad por ser mujer y activista. El hecho reavivó el debate sobre violencia, derechos humanos y acceso a justicia en Ecuador, donde colectivos exigen respuestas oficiales y transparencia.
