La Organización Internacional del Trabajo solicitó al Gobierno de Ecuador que presente observaciones sobre la disolución administrativa de la Unión Nacional de Educadores. La UNE sostiene que la medida vulneró la libertad sindical y de asociación, y recordó que el caso fue denunciado en 2017 ante el Comité de Libertad Sindical con apoyo internacional.
Según el gremio, la OIT también instó a tomar medidas para devolver los bienes incautados y eliminar las consecuencias derivadas de la disolución. La organización de maestros afirmó que continuará el proceso hasta conseguir una reparación integral de sus derechos. El reclamo se mantiene vigente pese a que la decisión original data de 2016.
