La independencia judicial en Ecuador sigue sin consolidarse ante la presión de redes sociales, filtraciones y campañas mediáticas que influyen en la percepción pública antes de una sentencia. Los litigios ya no solo se disputan en tribunales, sino también en audiencias digitales que pueden afectar reputaciones, contratos y relaciones comerciales, debilitando el debido proceso y la confianza institucional.
La defensa jurídica y la comunicación deben coordinarse sin que una sustituya a la otra. Informar sobre un caso exige traducir hechos con transparencia y sin tergiversarlos. Cuando existan campañas injuriosas o desinformación, proceden rectificaciones, medidas cautelares y denuncias. Los jueces y fiscales deben blindar los procesos frente a presiones políticas y mediáticas para preservar la imparcialidad.
