El contrato con Austral Technical Management, firmado en 2024 durante la emergencia eléctrica, prometía 91 megavatios para la central Esmeraldas III. La obra no avanzó porque se adquirieron equipos usados, fabricados años antes de lo exigido. El proyecto comprometió recursos públicos y dejó otra promesa energética incumplida en medio de la crisis.
El caso quedó relegado por la atención concentrada en Progen, aunque ambos expedientes reflejan fallas similares en contrataciones de emergencia y control estatal. La responsabilidad de funcionarios sigue sin aclararse, mientras la Corte Nacional de Justicia busca la extradición del involucrado para que enfrente el proceso en Ecuador y responda por las decisiones tomadas.
