La Asamblea aprobó una reforma a la ley de ordenamiento territorial que permite al presidente declarar Proyectos Estratégicos Nacionales de Construcción de Vivienda. Esa facultad obliga a municipios a incorporar los proyectos en su planificación, acelera permisos, limita exigencias adicionales y otorga beneficios tributarios. La medida amplía el poder del Ejecutivo sobre decisiones urbanísticas antes reservadas a gobiernos locales.
La norma coincide con la polémica del Museo Nacional y con versiones sobre un posible desarrollo inmobiliario en terrenos vinculados al entorno presidencial. La ausencia de reglas de inhibición, recusación y control independiente para estas decisiones alimenta dudas sobre un conflicto de interés. El debate crece porque la ley deja abiertas herramientas excepcionales para futuros proyectos urbanísticos.
