Juan Esteban Guarderas, de la Fundación Lucha Anticorrupción, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros tres funcionarios por presuntos cobros a trabajadores municipales. La acusación apunta a posibles delitos de concusión y cohecho, y se sustenta en testimonios, chats, audios, videos e información bancaria que deberán ser analizados por las autoridades.
Según relatos recogidos en la investigación, los aportes habrían oscilado entre 60 y 120 dólares mensuales, con casos que incluyen pagos en efectivo y compra de rifas. Guarderas sostiene que los recursos podrían haber financiado actividades políticas y la campaña de reelección de Muñoz, aunque la Fiscalía deberá verificar si existieron pagos obligatorios, quién los ordenó y cuál fue el destino real del dinero.
