Italia enfrenta una reforma para ordenar sus playas de pago, tras años de concesiones renovadas sin control suficiente. El Gobierno de Giorgia Meloni fijó el 30 de septiembre de 2027 como fecha límite para sacar a concurso unas 12.000 playas privadas. La medida responde a la presión de la Unión Europea por aplicar la directiva Bolkestein y abrir la competencia en la costa.
Más del 42% de las playas italianas están privatizadas, con picos del 70% en regiones turísticas como Liguria y Campania. En Bacoli, al sur, el alcalde Josi Gerardo Della Ragione quiere liberar hasta el 80% del litoral y ya notificó a 180 empresarios. La nueva ley prevé licencias de entre 5 y 20 años e indemnizaciones por obras previas.
