En Kenia, políticos contratan a jóvenes desempleados conocidos como goons para infiltrarse en mítines, agredir rivales y convertir protestas pacíficas en escenas de violencia. Los pagos varían según el encargo, desde 500 chelines por jefe local hasta 1.000 por diputado, con adelantos en efectivo, alcohol y drogas para facilitar operaciones y controlar a grupos coordinados.
La práctica se intensificó tras las protestas de 2024 y 2025 y amenaza las elecciones de 2027. Testimonios y cámaras muestran a policías dejando pasar a hombres armados a recintos civiles. Con 800.000 jóvenes entrando al mercado laboral cada año y apenas 100.000 empleos disponibles, la pobreza alimenta una red política que erosiona la competencia democrática.
