En Ecuador, varias autoridades electas dejan sus cargos para postular a nuevas dignidades en las seccionales de 2026. Asambleístas y ediles se preparan para inscribirse ante el CNE, mientras otras figuras ya buscan prefecturas y concejalías. La práctica es legal, pero vuelve recurrente la salida anticipada de funcionarios antes de completar el mandato para el que fueron elegidos por voto popular.
La renuncia temprana debilita la rendición de cuentas, rompe la continuidad de políticas públicas y deja proyectos legislativos y administrativos inconclusos. También obliga a suplentes a asumir sin preparación suficiente, con costos adicionales para el Estado. Analistas plantean concentrar elecciones, limitar las renuncias reiteradas y reforzar el control ciudadano para frenar una campaña política casi permanente.
