La propuesta plantea trasladar recursos y parte de la gestión municipal y parroquial hacia los barrios para convertirlos en centros de cohesión social. Los gobiernos locales conservarían obras mayores como vialidad, agua, alcantarillado y movilidad, mientras el resto del personal trabajaría cerca de su residencia, con coordinación telemática y menor costo administrativo.
También impulsa más presencia policial y militar en los barrios, orientada a inteligencia y operativos permanentes para enfrentar el crimen organizado. En justicia, sugiere incorporar jurados ciudadanos protegidos, al estilo de Estados Unidos, para repartir la responsabilidad de juzgar y reforzar la confianza en las decisiones judiciales dentro del contexto de inseguridad.
