A cinco meses de la intervención dispuesta por la Superintendencia de Compañías a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la operación interna de la empresa empezó a mostrar demoras en pagos a colaboradores y proveedores. Especialistas sostienen que la medida debe corregir irregularidades y proteger el patrimonio, sin convertirse en una sanción ni frenar la actividad normal.
Trabajadores externos de EXPRESO y EXTRA reportan que los honorarios, antes pagados en una o dos semanas, ahora pueden tardar hasta cuatro semanas por la firma requerida de la interventora. Juristas advierten que el control debe centrarse en los flujos de efectivo y que el interventor no reemplaza a la gerencia. Si causa perjuicios, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas y penales.
