La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, puso en duda la base legal de la acusación en el caso Triple A al sostener que la Fiscalía construyó su caso sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en junio de 2025. Según el abogado Ramiro García, la norma usada para sustentar el proceso estuvo vigente pocos meses.
Fiscalía y ARCH no refutaron ese punto en la audiencia de juzgamiento y luego defendieron la solidez del caso ante los medios. La disputa llega mientras el Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada delibera el veredicto, en una causa que investiga la presunta comercialización ilegal de más de 22 millones de galones de combustible y cuya pena pedida llega a 6 años y 9 meses.
