Familias que acudieron al cementerio municipal Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, denunciaron presuntos cobros para acceder a bóvedas y sepultar a sus fallecidos. En un caso, una adulta mayor dijo que le pidieron 250 dólares y que la falta de dinero retrasó el entierro durante 15 días, mientras el cuerpo permanecía en su vivienda.
Otras versiones recogidas apuntan a pagos de hasta 500 dólares, cobros a vehículos que ingresan al camposanto y supuestas presiones de personas ajenas al lugar. La DASE EP aseguró que los cementerios municipales son gratuitos y que ningún funcionario, intermediario o tercero puede cobrar por estos servicios, aunque las denuncias siguen sin confirmación oficial.
