Un conflicto societario en Ambato terminó en la Corte Constitucional tras la cancelación de una inscripción de cesión de participaciones en el Registro Mercantil. El expediente giró sobre si existía o no una escritura pública, requisito obligatorio en 2016 para ese tipo de traspaso. El registrador anuló el asiento en 2021 a pedido de parte, medida que luego fue cuestionada por inseguridad jurídica.
La Corte de Tungurahua dejó sin efecto esa cancelación y ordenó iniciar acciones administrativas contra el registrador y la notaria que emitió la certificación sobre la supuesta inexistencia de la escritura. La notaria llevó luego el caso a la Corte Constitucional mediante acción extraordinaria de protección, pero fue negada el 16 de julio de 2026. El fallo mantuvo firme lo resuelto en Tungurahua.
