El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado. La iniciativa, impulsada por Mishel Mancheno, plantea reformas al COIP y a la extinción de dominio para golpear la estructura financiera y operativa de las redes delictivas en Ecuador.
La propuesta eleva la pena base por delincuencia organizada de 22 a 26 años y la sube hasta 30 años si hay terrorismo, sicariato, minería ilegal, trata de personas o lavado de activos. También prevé sanciones para colaboradores externos, pérdida de licencia para abogados condenados y uso temporal de bienes incautados antes del fallo final.
