La Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramitó el juicio político contra Inés Manzano con la participación de sus abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quienes asumieron la defensa en una comparecencia virtual. La discusión se centró en si esa representación es válida en un proceso de control político, cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa exige que el funcionario presente sus descargos personalmente ante la comisión.
El caso reavivó el choque entre litigación penal y responsabilidad política, porque el juicio no busca probar un delito sino evaluar el incumplimiento de funciones. Manzano enfrenta cuestionamientos por su gestión en plena crisis energética y por proyectos eléctricos que no entraron en operación. La Comisión aprobó un informe que sugiere al Pleno archivar el juicio, mientras persiste la disputa sobre el procedimiento aplicado.
