El Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su preocupación por un proyecto de ley que busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen un 70% de su presupuesto a inversión y obras públicas, limitando el 30% al gasto corriente. Según Muñoz, esta ley podría traer graves consecuencias para la ciudad y su capacidad de brindar servicios esenciales como salud y educación. Afirmó que si se aprueba, podría resultar en una limitación severa del accionar del Municipio en puntos críticos de atención social.
Muñoz destacó que, aunque se puedan construir infraestructuras como escuelas y hospitales, no se podría contratar el personal necesario para operarlos. Esta situación podría obligar a cerrar escuelas y centros de atención, afectando directamente a la población más vulnerable de la ciudad. El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para estar atentos a esta propuesta que, de ser aprobada, podría comprometer la calidad de vida de los quiteños.
El impacto económico de esta ley también es preocupante; se estima que Quito podría enfrentar un recorte cercano a los 77 millones de dólares, lo que obligaría a reducir personal municipal y afectar la estabilidad laboral de más de 5000 trabajadores. Muñoz enfatizó que el Municipio debe tener la libertad de ejecutar obras y servicios sin restricciones, y pidió al gobierno central que permita a Quito continuar con su labor en beneficio de sus habitantes.
