Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, fue sentenciado a seis años y nueve meses de prisión como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos dentro del caso Triple A. El Tribunal de Garantías Penales concluyó que las pruebas de Fiscalía demostraron su responsabilidad en las operaciones investigadas y fijó además una multa de 12 salarios básicos unificados.
Los jueces determinaron que Álvarez tenía control e injerencia sobre Copedesa, Corpalubri y Ternape, donde actuó como representante legal, presidente y accionista mayoritario. La resolución señala que organizaba y dirigía operaciones vinculadas al cambiazo de combustibles y que parte de los recursos habría llegado a cuentas personales, mientras otras personas naturales y jurídicas también fueron declaradas responsables.
