La ARCH y Petroecuador solicitaron al Tribunal de Garantías Penales que imponga la pena máxima prevista por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A. También pidieron una reparación integral de 61,5 millones de dólares por el presunto perjuicio al Estado, en la fase de alegatos de clausura del juicio que involucra a Aquiles Álvarez y otros procesados en Quito.
Christian Puente, de la ARCH, afirmó que el juicio mostró una presunta estructura que habría operado entre 2020 y 2024 con empresas registradas para desviar combustibles subsidiados. Petroecuador sostuvo que es la víctima directa del esquema y respaldó la acusación fiscal, mientras el tribunal analiza los alegatos finales antes de resolver el futuro del caso.
