La Asamblea Nacional intensificó la fiscalización sobre gobiernos locales al revisar la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito, el manejo de cámaras de Segura EP en Guayaquil y los patrimonios de alcaldes y prefectos entre 2023 y 2025. La decisión abrió cuestionamientos sobre competencias constitucionales y provocó pedidos de que los controles sean técnicos, transparentes y coordinados con Contraloría y Sercop.
Varios alcaldes y prefectas expresaron respaldo a la revisión, aunque advirtieron riesgos de persecución política. Dennis Córdova afirmó que estos procesos no frenan la gestión municipal; Lourdes Tibán pidió evitar descalificaciones; y Jomar Cevallos reclamó menos sesgo ideológico. Pabel Muñoz, en cambio, interpretó la fiscalización como una campaña de desprestigio en pleno contexto electoral.
