La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma penal para frenar el uso delictivo de uniformes, insignias y distintivos de fuerzas del orden. Con 87 votos a favor, el Legislativo cerró el segundo debate de una ley que busca proteger la seguridad pública y evitar que grupos criminales simulen operativos oficiales para engañar a la ciudadanía.
La normativa modifica el COIP y tipifica el uso fraudulento de indumentaria institucional, además de sancionar su fabricación y distribución ilícita. Las penas van de uno a siete años de prisión, con mayor castigo si intervienen custodios autorizados. También impone controles estrictos a empresas de vigilancia privada y regula la trazabilidad de estos bienes.
