Con 83 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un informe de fiscalización que remitirá a la Fiscalía, la Contraloría, la UAFE y otras entidades 95 expedientes de servidores públicos con alertas prioritarias por posibles irregularidades patrimoniales. El documento identifica 41 casos en alerta roja y 54 en naranja, vinculados con variaciones que superarían la capacidad salarial, investigaciones penales o incumplimientos tributarios.
Las instituciones deberán revisar los hallazgos y definir si abren investigaciones o procedimientos administrativos. La Contraloría evaluará exámenes especiales, el SRI verificará patrimonios y el Ministerio del Trabajo revisará posibles casos de nepotismo. La comisión procesó 251 expedientes en total; 156 quedaron para seguimiento preventivo, mientras que los 95 señalados deberán ser informados a la Asamblea en 15 días.
