Las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) han cambiado la definición de lo que se considera inversión prioritaria, excluyendo a la cultura y a programas sociales. Esta modificación ha permitido que solo se reconozcan obras físicas, limitando las posibilidades de financiamiento para iniciativas culturales y sociales que son esenciales para el desarrollo humano.
La nueva normativa afecta particularmente el presupuesto de los municipios, ya que restringe las partidas que históricamente han financiado eventos culturales. Planes previamente aprobados, como la Feria Internacional del Libro de Quito, se encuentran en riesgo debido a que las partidas necesarias para su ejecución ya no son consideradas como inversión prioritaria, lo que dificulta la contratación y producción definitiva del evento.
La aplicación inmediata de estos cambios, que inicialmente estaban programados para entrar en vigencia en 2027, impactará negativamente en la planificación de los gobiernos locales que deben ahora adaptarse a reglas diferentes. Esta situación plantea cuestionamientos sobre el papel de los gobiernos locales y su capacidad para gestionar adecuadamente las oportunidades culturales y sociales, generando tensiones y demandas de inconstitucionalidad en varios sectores.
