El caso Progen sigue atrapado en disputas políticas y legales mientras el Estado intenta recuperar millonarias pérdidas derivadas de un contrato energético fallido. Los fondos habrían salido de las arcas públicas y terminaron dispersos en cuentas internacionales vacías. La defensa de Celec en Estados Unidos enfrenta cuestionamientos por supuesta mala fe procesal y filtraciones de información confidencial.
La prioridad es recuperar recursos públicos en un país con urgencias sociales, educativas, sanitarias e infraestructura deteriorada. El proceso se complica por la falta de sanciones efectivas contra los responsables y por el daño que las revelaciones en redes sociales pueden causar a la estrategia estatal. El gobierno debe definir una salida que proteja el interés público.
