En Quito, la preocupación por la existencia de centros de rehabilitación clandestinos ha crecido, revelando un patrón alarmante de abuso y tortura. Estas instalaciones, que operan tras un falso disfraz de ayuda, han sido clausuradas en cifras cada vez mayores, exponiendo la falta de respuesta del sistema de salud frente a las adicciones y dejando a muchos en situaciones desesperadas.
Los operativos para cerrar estos centros han divulgado condiciones inhumanas, hacinamiento y ausencia de tratamientos adecuados. A pesar de las clausuras, la recurrencia de estos lugares indica una grave falla en el control estatal. Para combatir este fenómeno, se requiere una política sostenida, que amplíe la oferta pública de tratamiento y aborde el estigma social relacionado con la adicción.
