El Comité de Ética de la Asamblea Nacional calificó por unanimidad las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso disciplinario contra la legisladora Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana. La denuncia fue presentada por Jhajaira Urresta tras una alerta ciudadana en Chimborazo y apunta a una presunta venta de cargos públicos y tráfico de influencias en el Parlamento, con el caso ya en fase de sustanciación.
El organismo admitió 10 elementos probatorios de cargo, entre ellos la materialización notarial de un presunto pago de 300 dólares, conversaciones de WhatsApp, testimonios y fotografías de un supuesto encuentro cerca del Terminal Terrestre de Riobamba. De la defensa aceptó 16 de 34 pruebas, pero rechazó estados de cuenta y testimonios de colaboradores por falta de utilidad o imparcialidad.
