Con 11 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó monitorear durante cuatro meses el convenio entre Emseguridad y el Ministerio del Interior. La resolución obliga a la empresa municipal a entregar información a los concejales y a los organismos de control, mientras se revisa el acuerdo que cambió la coordinación del sistema de videovigilancia de la capital.
La discusión se abrió tras el anuncio del Gobierno de asumir el control del Centro de Cámaras del COE Metropolitano e incorporar policías a la Sala Situacional. El sistema de Quito tiene 632 cámaras. El ministro John Reimberg cuestionó supuestas salas espejo, mientras Emseguridad negó que existan y defendió su manejo del monitoreo.
