
Aquiles Álvarez fue sentenciado a tres años de prisión por el caso Grillete, por incumplir una medida judicial vinculada al uso de un grillete electrónico. La decisión abrió dudas sobre si seguirá al frente de la Alcaldía de Guayaquil, aunque la sentencia no lo separa automáticamente del cargo bajo la normativa vigente.
El Código Orgánico de Organización Territorial establece que una condena no implica por sí sola la pérdida inmediata de la autoridad electa. Para remover a un alcalde deben activarse causales y procedimientos específicos, con derecho a la defensa y resolución del Concejo Municipal. Álvarez también enfrenta los casos Triple A y Goleada, y permanece con prisión preventiva en Santa Elena.