La Asamblea Nacional aprobó una reforma incluida en una ley sobre uniformes que autoriza a la Contraloría General del Estado a destruir documentos clasificados como reservados, secretos o secretísimos. La eliminación deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días, con resolución motivada y medidas de seguridad institucional. La norma modifica reglas sobre manejo de información pública sensible.
La medida generó preocupación en organizaciones defensoras de la transparencia, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que advirtió posibles afectaciones al acceso a la información y al control social. El grupo pidió al presidente Daniel Noboa vetar la disposición, al considerar que podría vulnerar estándares de rendición de cuentas. La reforma ahora espera sanción u objeción presidencial.
