La gestión de las carreteras en Guayas ha desencadenado una intensa confrontación entre el Gobierno Nacional y la Prefectura. Este conflicto llegó a un punto álgido con la anulación del convenio para el Quinto Puente, lo que llevó al Ministerio de Infraestructura a criticar la supuesta ineficiencia preventiva de la Prefectura en los tramos de acceso al puente, justificando su decisión ante la falta de avances.
Marcela Aguiñaga, representante de la Prefectura, acusó al Gobierno de actuar con intereses políticos y de no desembolsar los recursos necesarios para continuar la obra. Mientras el ministro Luque alertó sobre la renovación de cláusulas por décadas sin supervisión, Aguiñaga defendió la prórroga de los contratos, argumentando que solo representa un compromiso con los intereses de los guayasenses, resaltando el impacto económico de la situación.
