La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han entregado más de 160 amicus curiae en respuesta a las reformas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones buscan proteger los servicios sociales y culturales que benefician a la ciudadanía. Racines y Uzcátegui argumentan que las reformas afectan de manera desproporcionada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en comparación con el Gobierno Central.
El concejal Uzcátegui explicó que presentan la demanda por tres razones: la generalidad de aplicar una misma regla a los GAD sin excepción al Gobierno Central, la retroactividad que afecta los presupuestos aprobados para el año en curso y la necesidad de asegurar la seguridad jurídica para los GAD al momento de aprobar sus planes de gasto. Por su parte, la vicealcaldesa reafirmó el compromiso de defender los derechos adquiridos por los ciudadanos en el acceso a estos servicios.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, los grupos sociales han expresado su preocupación por la eliminación de partidas presupuestarias que financian programas culturales y sociales. Hasta la fecha, se han presentado 23 demandas de inconstitucionalidad, apoyadas por 165 amicus curiae que fortalecen los argumentos sobre cómo estas reformas pueden afectar el desarrollo comunitario y la dignidad de los quiteños.
