La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 amicus curiae en defensa de los servicios sociales y culturales tras las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas reformas, aprobadas el 29 de febrero, han suscitado una fuerte reacción de grupos sociales alarmados por la eliminación de partidas presupuestarias asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Los funcionarios explicaron que esta acción legal se basa en tres principios: la generalidad, al aplicar normas diferentes a los GAD en comparación con el Gobierno Central; la retroactividad, dado que los presupuestos ya han sido aprobados; y la seguridad jurídica para que los GAD tengan claridad en la aprobación de sus presupuestos. La vicealcaldesa destacó que buscan garantizar los derechos adquiridos por los ciudadanos y la continuidad de servicios esenciales.
Además de las 23 demandas de inconstitucionalidad presentadas, el apoyo de 165 amicus curiae incluye 145 organizaciones, tales como centros educativos y asociaciones barriales, que han enfatizado en la importancia de mantener el financiamiento para programas culturales y sociales. La respuesta ante estas reformas refleja un amplio interés y movilización en la comunidad para proteger los derechos y servicios que impactan directamente en la vida de los quiteños.
