La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido un fallo determinante al declarar que cuatro niños desaparecidos en Guayaquil sufrieron de desaparición forzada por parte de patrullas militares. Este veredicto, resultado de un hábeas corpus, revela vulneraciones al debido proceso y establece que el Estado no proporcionó información adecuada sobre el paradero de los menores, lo cual ha generado un debate sobre las responsabilidades políticas del presidente Daniel Noboa.
A pesar de que la sentencia reconoce la desaparición forzada, no señala responsabilidades individuales para el presidente ni establece un delito específico cometido por él. Los expertos constitucionalistas destacan la diferencia entre la responsabilidad estatal y la individual, enfatizando que la justicia penal deberá determinar las responsabilidades personales relacionadas con las violaciones de derechos. Además, se establecen medidas de reparación para las víctimas afectadas por esta tragedia.
