El municipio de Guayaquil atraviesa una crisis administrativa tras la suspensión de 46 contratos por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Esta medida afecta obras esenciales y programas sociales, generando incertidumbre en la planificación municipal. La paralización de contratos, que comenzó el 19 de febrero de 2026, ha sido catalogada por autoridades locales como una represalia disfrazada de trámite administrativo.
El coordinador jurídico del municipio, César Poveda Valdivieso, explicó que de los 46 contratos bloqueados, 33 pertenecen directamente al municipio, mientras que los restantes 13 involucran empresas públicas asociadas. Entre los proyectos impactados se encuentran la reconstrucción de mercados, soterramiento de redes y el mantenimiento vial, lo cual podría agravar la violencia urbana debido a la interrupción de programas sociales vitales como los CETAD.
Las autoridades municipales alertan sobre un patrón recurrente de interferencias por parte del SERCOP que comprometen la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Aunque el SERCOP argumenta que la suspensión se debe a falta de certificación de la máxima autoridad, el municipio defiende que esto solo es aplicable a operadores directos. Ante esta situación, se evalúan acciones legales si los bloqueos persisten, ya que la administración municipal considera que estos actos atentan contra el desarrollo de la ciudad.
