En Ecuador, la situación del Seguro Social no es simplemente una crisis administrativa, sino un presunto atentado penal premeditado. Se critica la falta de acciones del Ministerio del Trabajo y la Inspectoría, que permiten la evasión masiva de aportaciones, vulnerando así derechos constitucionales y comprometiendo la sostenibilidad de los fondos de pensiones y salud para los ciudadanos.
La falta de regulación y supervisión ha transformado al IESS en un riesgo para los futuros pensionistas, quienes ven su aportes como un engaño. Los responsables de la recaudación están siendo acusados de negligencia. Se hace un llamado urgente a una auditoría internacional y a acciones penales contra los funcionarios que han permitido esta situación, resaltando la necesidad de una reforma inmediata.
