La carta publicada en Quito cuestiona a líderes y gobiernos que se autodefinen como progresistas en varios países de América Latina y España. El autor sostiene que, bajo ese discurso, algunos mandatarios habrían restringido libertades, acumulado poder y perjudicado al pueblo. También menciona casos de supuesta corrupción y abusos.
El texto define el progresismo como una corriente enfocada en derechos civiles, participación y redistribución, pero afirma que ciertos dirigentes deformaron esos principios para beneficio propio. Se citan ejemplos de Venezuela, Cuba, Argentina y Ecuador para señalar prácticas autoritarias y desvío de recursos públicos, en contraste con los ideales originales del movimiento.
