La Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ha enfrentado cinco demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador. Aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, la ley modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y establece que al menos el 70% del presupuesto municipal debe destinarse a inversión pública. Esto ha generado críticas por parte de sectores sociales y políticos.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió la ley, argumentando que busca garantizar que los recursos se utilicen en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, se han expresado preocupaciones sobre posibles afectaciones a servicios públicos y derechos ciudadanos, lo que ha llevado a concejales y movimientos sociales a solicitar la suspensión inmediata de la normativa mientras se evalúa su constitucionalidad.
