La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han encabezado la entrega de más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estos documentos legales buscan proteger los servicios sociales y culturales que los ciudadanos reciben, resaltando la importancia de mantener estos programas. Los funcionarios argumentan que dichas reformas afectan negativamente la seguridad jurídica y la asignación de presupuestos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Desde la aprobación de las reformas, el pasado 29 de febrero, diversos grupos sociales se han movilizado para defender los programas que ofrecen los GAD. Las reformas han planteado la eliminación completa de partidas presupuestarias esenciales, lo que ha llevado a la presentación de un total de 23 demandas de inconstitucionalidad. Los amicus curiae presentados incluyen argumentos técnicos sobre la necesidad de mantener las partidas presupuestarias que, según los opositores, son cruciales para el desarrollo social y cultural de la ciudad.
La iniciativa ha contado con el respaldo de 145 organizaciones, incluyendo entidades educativas y culturales. Entre los grupos que han mostrado su apoyo destacan Comités de padres de familia, agrupaciones musicales y asociaciones barriales. En paralelo, la Prefectura de Pichincha también ha presentado su propia demanda, sumando 20 amicus curiae, donde han expuesto sus preocupaciones y argumentos en defensa de los servicios que se verían afectados por las reformas.
