La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han entregado más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta acción busca proteger los servicios sociales y culturales que se ofrecen a los ciudadanos, enfatizando la necesidad de asegurar la estabilidad financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Según el concejal, se presentan argumentos técnicos relacionados con la aplicación desigual de la normativa y la seguridad jurídica para los GAD en la aprobación de presupuestos.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diversas organizaciones sociales se han movilizado para defender los programas culturales y sociales afectados por los cambios propuestos. Las 23 demandas de inconstitucionalidad interpuestas en este contexto expresan la preocupación por la eliminación de partidas presupuestarias esenciales que permiten el funcionamiento de diversas iniciativas destinadas al bienestar de la ciudadanía. Los manifestantes sostienen que estas reformas representan un retroceso en los derechos adquiridos de los quiteños.
La demanda promovida por el Municipio de Quito ha recibido el respaldo de 145 organizaciones, incluidas instituciones educativas y agrupaciones comunitarias. A su vez, la prefectura de Pichincha ha presentado 20 amicus curiae respaldando su posicionamiento respecto a las reformas. Con estos esfuerzos, tanto el municipio como la prefectura intentan asegurar la continuidad de programas fundamentales para el desarrollo social y cultural de la región, llamando la atención sobre la importancia de mantener el apoyo a iniciativas que benefician a la comunidad.
