La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui se unieron para entregar más de 160 amicus curiae, así como 23 demandas de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones buscan proteger los servicios sociales y culturales que actualmente reciben los ciudadanos, sosteniendo que las reformas podrían afectar negativamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Los concejales explicaron que las razones para oponerse a las reformas incluyen su generalidad, la retroactividad de los presupuestos aprobados y la necesidad de mantener la seguridad jurídica para la planificación presupuestaria de los GAD. La vicealcaldesa enfatizó la importancia de garantizar servicios fundamentales, argumentando que se trata de derechos adquiridos por la población que deben ser defendidos.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, múltiples grupos sociales han movilizado esfuerzos para defender programas culturales y sociales que podrían ser eliminados. Las 165 amicus curiae presentadas incorporan argumentos sobre la trascendencia de mantener estos financiamientos, mientras que entre las organizaciones apoyadoras se encuentran diversos grupos comunitarios, educativos y culturales que destacan la importancia de estos servicios para el desarrollo de la ciudadanía.
