
La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han entregado más de 160 amicus curiae y 23 demandas de inconstitucionalidad en oposición a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este esfuerzo busca proteger los servicios sociales y culturales que los ciudadanos reciben a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Los arguments presentados se centran en la aplicación desigual de normas y la necesidad de seguridad jurídica en la aprobación de presupuestos.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diversos grupos sociales han manifestado su rechazo a los cambios, los cuales eliminarían partidas presupuestarias esenciales para programas culturales y sociales. La vicealcaldesa enfatizó que se busca garantizar derechos adquiridos por los quiteños, los cuales consideran fundamentales para el bienestar de la población.
Además, en la demanda de la Prefectura de Pichincha, se han presentado 20 amicus curiae, los cuales incluyen el apoyo de diversas organizaciones y figuras sociales destacadas. Estos documentos legales subrayan la importancia de mantener los recursos necesarios para el desarrollo integral de los ciudadanos, contribuyendo así a un debate más amplio sobre la administración y distribución de recursos en la región.