La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui, han liderado la entrega de más de 160 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este movimiento busca asegurar los servicios sociales y culturales que dependen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), cuyos presupuestos se verían afectados por dichas reformas. Ambos funcionarios han expresado la necesidad de mantener derechos adquiridos por la población quiteña.
Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han generado movilizaciones de grupos sociales que defienden programas culturales y sociales esenciales. A la inconstitucionalidad ya presentada se suman 165 amicus curiae, que presentan argumentos técnicos sobre la importancia de dichas partidas presupuestarias. Los representantes locales argumentan que estas reformas podrían cerrar espacios vitales para el desarrollo ciudadano y amenazar el acceso a servicios fundamentales.
El Municipio de Quito ha recibido el respaldo de 145 organizaciones en esta causa, incluyendo centros educativos y agrupaciones culturales y sociales. Además, la Prefectura de Pichincha ha presentado también una demanda con el apoyo de 20 amicus curiae, que incluyen a representantes de diversas entidades y figuras destacadas. Este contexto resalta la preocupación por la seguridad jurídica y la equidad en el tratamiento de los GAD frente al Gobierno Central.
