En Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado un total de 165 amicus curiae y 23 demandas de inconstitucionalidad en respuesta a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones tienen como objetivo proteger los servicios sociales y culturales que ofrecen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que se verían afectados por los cambios propuestos.
El concejal Uzcátegui destacó tres razones clave detrás de esta acción legal: la generalidad de las reformas, que aplican reglas al GAD que no se aplican al Gobierno Central, una posible retroactividad que afectaría los presupuestos ya aprobados, y la necesidad de garantizar la seguridad jurídica para los GAD al momento de aprobar sus presupuestos. La vicealcaldesa enfatizó que los derechos adquiridos por los ciudadanos de Quito deben ser defendidos para asegurar la continuidad de los programas que benefician a la comunidad.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diversos grupos sociales han movilizado esfuerzos en defensa de los programas culturales y sociales que enfrentan recortes presupuestarios. El respaldo a las demandas incluye a 145 organizaciones, entre ellas instituciones educativas municipales y agrupaciones culturales, mostrando un fuerte compromiso comunitario en la defensa de los derechos y servicios esenciales para la población quiteña.
