En Quito, la vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 amicus curiae y 23 demandas de inconstitucionalidad en respuesta a reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Estas acciones buscan proteger los servicios sociales y culturales que benefician a los ciudadanos. Según Uzcátegui, las reformas son problemáticas por su generalidad, retroactividad y falta de seguridad jurídica para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han suscitado movilizaciones por parte de grupos sociales que argumentan que la eliminación de ciertas partidas presupuestarias impactaría negativamente en programas culturales y sociales esenciales. Los organizadores de estas protestas están preocupados por el cierre de espacios que son vitales para el desarrollo comunitario. Las acciones legales incluyen tanto el respaldo del Municipio de Quito como de la Prefectura de Pichincha, con la participación de múltiples organizaciones y actores sociales.
A través de estas demandas, se busca asegurar que los derechos adquiridos por los ciudadanos queden protegidos. La colaboración de 145 organizaciones y el apoyo de 20 amicus curiae presentados por la Prefectura demuestran una amplia preocupación por el impacto de las reformas. Los actores involucrados incluyen desde centros educativos hasta agrupaciones culturales, todos solicitando la revisión de estos cambios para asegurar la continuidad de los servicios públicos que son esenciales para la comunidad.
