La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han participado en la entrega de más de 160 amicus curiae para oponerse a las reformas recientes al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Este esfuerzo busca proteger los servicios sociales y culturales que benefician a la ciudadanía, asegurando que las modificaciones no perjudican los derechos adquiridos por los quiteños. Uzcátegui mencionó razones técnicas para esta acción, señalando la aplicación desigual de reglas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en comparación con el Gobierno Central y la necesidad de seguridad jurídica en la aprobación de presupuestos.
Desde la aprobación de estas reformas el 29 de febrero, varios grupos sociales se han movilizado para defender los programas culturales y sociales que dependen de recursos que se están eliminando. En respuesta, se han presentado 23 demandas de inconstitucionalidad, a las que se sumaron los 165 amicus curiae que argumentan la importancia de estas partidas presupuestarias y las repercusiones en el desarrollo ciudadano si se suprimen. La movilización cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones y actores de la sociedad civil, quienes consideran crucial mantener estos servicios.
Las organizaciones que apoyan estas demandas incluyen la Asamblea de los 60 y piquito, ConQuito, varias Unidades Educativas Municipales, y agrupaciones culturales. Este respaldo pone de manifiesto la colaboración entre distintos sectores en defensa de los derechos y servicios que contribuyen al bienestar de la población. Por otro lado, la Prefectura de Pichincha también ha presentado su propia demanda, que incluye 20 amicus curiae de diversas organizaciones locales, indicando un amplio descontento con las reformas al COOTAD.
