La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, junto al concejal Emilio Uzcátegui, ha presentado más de 160 amicus curiae en respuesta a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Su objetivo es proteger los servicios sociales y culturales que reciben los ciudadanos, ya que estas reformas eliminarían partidas presupuestarias esenciales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Uzcátegui argumentó que la aplicación de una regla generalizada, que afecta a los GAD sin considerar al Gobierno Central y la retroactividad en los presupuestos ya aprobados, genera inseguridad jurídica en la gestión pública local.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diferentes grupos sociales se han movilizado para defender programas culturales y sociales que son vitales para la comunidad. Además de las 23 demandas de inconstitucionalidad, se ha recabado el apoyo de 165 amicus curiae que contienen argumentaciones técnicas sobre la necesidad de mantener estas partidas. Estos documentos resaltan las consecuencias críticas que conllevaría la eliminación de financiamiento a estos programas, que son fundamentales para el desarrollo integral de los ciudadanos.
La demanda presentada por el Municipio de Quito ha sido respaldada por 145 organizaciones, que incluyen desde centros educativos hasta asociaciones barriales y agrupaciones culturales. A su vez, la Prefectura de Pichincha ha presentado una demanda con el apoyo de 20 amicus curiae, sumando esfuerzos de diversas entidades y personalidades para proteger los derechos adquiridos por la ciudadanía. Las acciones continúan como parte de una defensa colectiva de derechos sociales en la capital ecuatoriana.
