En Quito, más de 160 amicus curiae y 23 demandas fueron presentados en respuesta a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La vicealcaldesa Fernanda Racines y el concejal Emilio Uzcátegui se unieron a esta causa, con el objetivo de salvaguardar los servicios sociales y culturales que benefician a los ciudadanos. Estas alteraciones legislativas fueron aprobadas el 29 de febrero, lo que motivó una movilización social para defender programas que han sido fundamentales para la comunidad.
Uzcátegui explicó que la oposición a las reformas se basa en argumentos técnicos, destacando la falta de equidad en la aplicación de reglas entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Gobierno Central. Además, resaltó la preocupación sobre la retroactividad y la necesidad de mantener la seguridad jurídica en la aprobación de presupuestos. Racines, por su parte, enfatizó la intención de proteger derechos adquiridos por los quiteños, asegurando que la defensa de estos servicios es prioritario.
La ciudad ha visto cómo diversas organizaciones se han sumado a la defensa, incluyendo 145 colectivos que apoyaron la demanda presentada por el Municipio. Esto incluye desde agrupaciones educativas hasta asociaciones culturales. Por otro lado, la Prefectura de Pichincha también se ha presentado con 20 amicus curiae. Estas acciones reflejan un fuerte descontento social ante los cambios en la ley que podrían afectar significativamente la calidad de vida de los habitantes.
