La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui, han presentado un total de 165 amicus curiae en oposición a las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El objetivo de estas acciones es salvaguardar los servicios sociales y culturales que los ciudadanos de Quito reciben a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Las reformas, aprobadas el 29 de febrero, han generado preocupación debido a la eliminación de partidas presupuestarias que financian programas esenciales.
Uzcátegui ha enumerado tres razones técnicas para la objeción: la generalidad en la aplicación de la reforma, la retroactividad que afecta los presupuestos ya aprobados para el año en curso, y la necesidad de establecer seguridad jurídica para permitir a los GAD planificar sus finanzas con claridad. La vicealcaldesa ha enfatizado que estos son derechos adquiridos que deben ser defendidos para garantizar el acceso a servicios esenciales para la población.
Además de las 23 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado, estas preocupaciones son respaldadas por diversas organizaciones, incluidos centros educativos y agrupaciones culturales de la ciudad. La recolección de 165 amicus curiae indica un fuerte respaldo social y técnico en defensa de la continuidad de los programas que contribuyen al desarrollo y bienestar de las comunidades quiteñas.
