La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado más de 160 amicus curiae en respuesta a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Su objetivo es mejorar la protección de los servicios sociales y culturales que los ciudadanos reciben. Los argumentos se basan en la aplicación desigual de normas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en comparación con el Gobierno Central, así como en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la aprobación de presupuestos.
Desde la aprobación de las reformas el 29 de febrero, diversas organizaciones sociales se han movilizado en defensa de los programas culturales y sociales que podrían verse afectados. Las reformas proponen una reducción significativa del presupuesto destinado a estos programas, lo que ha motivado la presentación de 23 demandas de inconstitucionalidad. En total, se han acumulado 165 amicus curiae que apoyan la importancia de mantener estos servicios para el desarrollo de la comunidad.
La demanda del Municipio de Quito ha recibido respaldo de 145 organizaciones, incluyendo centros de educación inicial y asociaciones barriales. Además, la Prefectura de Pichincha ha registrado 20 amicus curiae en su propia demanda, con el respaldo de diversas figuras y agrupaciones locales. Estas acciones reflejan la preocupación por preservar los derechos adquiridos por los ciudadanos quiteños en cuanto a servicios sociales y culturales.
