La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el concejal Emilio Uzcátegui han presentado una serie de 165 amicus curiae en oposición a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta acción busca resguardar los servicios sociales y culturales que son esenciales para la ciudadanía, ya que las reformas afectan directamente las partidas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Los concejales argumentan que las reformas son injustas, ya que aplican reglas de generalidad y retroactividad que afectan la seguridad jurídica de los GAD al momento de planificar sus presupuestos.
La movilización se originó después de la aprobación de las reformas el 29 de febrero, cuando distintos grupos sociales comenzaron a abogar por la defensa de programas culturales y sociales que, según ellos, están en riesgo debido a las nuevas regulaciones. En total, se han presentado 23 demandas de inconstitucionalidad al respecto, que acompañan a los amicus curiae, en los cuales se argumenta la importancia de mantener estas asignaciones presupuestarias. Las 165 entidades que respaldan esta acción legal resaltan la necesidad de espacios que contribuyan al desarrollo de los ciudadanos.
Entre las organizaciones que han apoyado la demanda del Municipio de Quito, se encuentran instituciones educativas, asociaciones barriales, agrupaciones culturales y un amplio espectro de actores sociales y políticos. La Prefectura de Pichincha, que también ha presentado una demanda, cuenta con el respaldo de 20 amicus curiae. El clamor por la defensa de los derechos adquiridos y servicios cruciales se ha intensificado, manifestando el compromiso de los representantes locales con la comunidad quiteña ante el impacto de estas reformas.
